Autoridades indígenas en Guatemala denuncian racismo por parte de la fiscal general Consuelo Porras

CIUDAD DE GUATEMALA — Autoridades indígenas denunciaron el martes que existen acciones de racismo y discriminación por parte de la fiscal general, Consuelo Porras, y del Ministerio Público, en la persecución judicial que ha iniciado contra líderes indígenas que participaron en protestas exigiendo la renuncia de la fiscal general.

En un conferencia de prensa junto al presidente Bernardo Arévalo y su gabinete, representantes de los 22 pueblos indígenas, garifunas y xincas, anunciaron que presentaron un amparo ante la Corte Suprema de Justicia contra Porras por los delitos de discriminación y racismo.

El amparo se presenta luego de que la fiscalía detuviera la semana pasada a Luis Pacheco, viceministro de Desarrollo y Sostenibilidad del Ministerio de Energía y Minas, y a Hector Batz, ambos exmiembros de la Junta Directiva de 48 cantones, una organización que lideró en 2023 protestas contra la fiscalía por su arremetida judicial contra el entonces aspirante presidencial Bernardo Arévalo.

Rodeado de líderes indígenas, en una muestra nunca antes vista por parte de un presidente, Arévalo dijo que la reunión era un acto de unidad entre los cuatro pueblos (indígenas) que forman Guatemala.

La fiscalía rechazó los señalamientos y dijo que actuaba conforme a la ley.

“Es totalmente falso que exista una criminalización por parte del Ministerio Público hacia personas individuales, incluyendo a los señores Luis Pacheco y Héctor Chaclán, así como a defensores de Derechos Humanos y líderes indígenas, pues todas las acciones son sometidas ante un juez con la finalidad de asegurar la tutela judicial efectiva de cada caso”, dijo en respuesta a solicitud de The Associated Press.

“La criminalización de cualquier persona que defiende la democracia y los derechos humanos y que combate a la corrupción es un ataque a todos los pueblos del país”, dijo Arévalo.

El mandatario guatemalteco reclamó que, mientras hay persecución contra líderes indígenas, los casos denunciados de grave corrupción quedan en total impunidad. “Casos que han tocado la salud, la educación, el bienestar y desarrollo social del pueblo de Guatemala”, citó.

Y recalcó que ha habido millones de quetzales desfalcados del Estado por actores corruptos, pero que han quedado en impunidad ante la falta de investigaciones de la fiscalía.

“Estamos cerrando filas contra la cooptación de las instituciones de justicia por parte de los actores de impunidad”, dijo Arévalo. El presidente también dijo que se están activando a nivel internacional acciones contra la discriminación a los pueblos indígenas.

La fiscalía por su parte rechazó los

Hizo un llamado al Congreso, en donde hay dos propuestas para reformar la ley del Ministerio Público para destituir a Porras. “Escuchen la demanda urgente de la población”, dijo el presidente.

Juan Pablo Ajpacajá, de la organización 48 Cantones, dijo que como poblaciones indígenas “denuncian las actitudes racistas y discriminadoras de la fiscal general y de jueces” que usan la justicia en contra de pueblos indígenas. “No se ocupan de juzgar e investigar a otros delincuentes”.

La lideresa indígena Leticia Zapeta dijo que las comunidades son herederas “de una historia y dignidad... No permitiremos que la impunidad y el desfalco se conviertan en norma; hemos sido testigo de cómo la corrupción socava nuestras comunidades”.

Los representantes comunitarios dijeron que se mantendrán vigilantes ante las acciones de la fiscalía y que se mantendrán articulados y unidos para hacer frente a estos flagelos. Además, pidieron al Congreso conocer las iniciativas de ley para agilizar una salida de la fiscal general.

Cristina Otzín, de la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo, indicó a periodistas la motivación del amparo solicitado. “Hay un racismo desde el Estado que no tolera ver el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas”, dijo.

La fiscalía ha arremetido contra el gobierno de Arévalo desde antes de que éste asumiera y solicitó en varias ocasiones el retiro de inmunidad del presidente para que sea juzgado por distintos hechos, incluido un presunto fraude electoral.

Diversas organizaciones nacionales e internacionales certificaron que en los comicios presidenciales de 2023, en los que triunfó Arévalo, no hubo fraude.

Porras ha sido sancionada junto a jueces y fiscales por 42 países, incluidos los de la Unión Europea y Estados Unidos, que le han prohibido la entrada a sus territorios por obstaculizar la lucha anticorrupción y socavar la democracia en Guatemala.

Las protestas lideradas por los indígenas hace dos años fueron dirigidas también contra un subordinado de Porras y un juez que comandaron las acciones judiciales contra el Movimiento Semilla de Arévalo.